Más pruebas que demuestran la apropiación ilegal de Canal 13 por parte del Grupo Clarín

El ex delegado del personal de Canal 13, José Carbonelli, acreditó en la SIGEN el dictamen que solicitó la investigación del secuestro de Reynaldo Defranco Fantín durante la última dictadura, en el marco del aporte de material probatorio por la presunta apropiación irregular de la señal por parte del Grupo Clarín. Fantín, en 1980, reclamó una deuda a los interventores de las Fuerzas Armadas, y en ese sentido Carbonelli presentó el dictamen como nuevo elemento que apunta a probar la presunta apropiación irregular de Canal 13, con un escrito redactado por el fiscal federal Federico Delgado y destinado al juez Sergio Torres.

Allí se demanda la apertura de la causa iniciada por Defranco Fantín, titular del Grupo LADEFA y secuestrado por reclamar 3.400.000 dólares a los interventores en Canal 13. Delgado sostuvo que debe impulsarse una investigación por el secuestro y por la decisión de no pagarle la millonaria deuda y Carbonelli aseguró que "llega la hora de la Justicia y de la verdad" ya que con la resolución "comienza a investigarse la denuncia". "Este caso, junto a otras irregularidades, es suficiente para pedir la nulidad de la licitación de Canal 13, además de la complicidad del ex presidente Carlos Menem y el Grupo Clarín con el terrorismo de Estado para favorecer al Multimedios, en perjuicio de Defranco Fantín", señaló Carbonelli. En ese sentido, recordó que "cuando se licitó y se adjudicó irregularmente el Canal 13 al Grupo, ocultaron en el proceso licitatorio con total impunidad esa deuda millonaria que mantenía la empresa estatal Proartel S.A.C.I. Río de la Plata con el Grupo de empresas LADEFA S.A.C.I.F.E.P., negándose ilícitamente a incluirla en los pliegos licitatorios de la privatización con el fin de adjudicarle a ese Grupo el poderoso Canal 13 libre de deudas". Agregó que "Fantín se había presentado en tiempo y forma en el proceso licitatorio, ante el Gobierno de Carlos Menem y con dos órdenes judiciales para que se considerara en los pliegos de licitación la deuda que el canal estatal mantenía con el empresario, ya que hacía unos pocos días de esa presentación había sido sobreseído por la Justicia de las imputaciones de la Dictadura". "Ante este acontecimiento Menem y Clarín desconocieron sus derechos, siendo cómplices con esta violación a los derechos humanos, considerada como delito de lesa humanidad tornándose imprescriptible el reclamo de solicitar la nulidad de la licitación de LS.85 TV. Canal 13”, finalizó Carbonelli.