Mensaje de los colegas del Grupo Clarín sobre Ley de Medios, precarización laboral y la mordaza informativa

Se acerca el 7 de diciembre fecha en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó el vencimiento de la medida cautelar que le permitía al GRUPO CLARIN NO “ADECUARSE” a la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada el 10 de octubre de 2009. Por otra parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el mismo fallo, aclaró que la Ley está vigente (para todas las empresas periodísticas), y que en nada atenta contra la libertad de expresión, entre otras consideraciones de importancia como el haber subrayado casi en tono de reto las trampas y argucias de procedimiento expresadas en el expediente solo con fines dilatorios. Es decir, sólo con el fin de impedir el cumplimiento de la Ley. Si esto es así, todas las empresas periodísticas del país deberán “adecuarse”.También el Grupo Clarín, la empresa periodística más grande de la Argentina. Los trabajadores de prensa junto al conjunto de comunicadores sociales y el pueblo impulsamos como una necesidad de la democracia el reemplazo de la vieja Ley de Radiodifusión de la dictadura militar y las decenas de enmiendas que, en pleno proceso democrático, favorecieron a la concentración monopólica de los Medios de Comunicación siempre en detrimento de una sociedad mas democrática, plural y participativa. La flexibilización y precarización laboral y profesional fue el costo que pagamos los trabajadores para que esta concentración fuera mucho más “eficiente” y “rentable”: Miles de trabajadores despedidos, incumplimiento de los convenios colectivos de trabajo y una férrea matriz editorial de la que fue cada vez más difícil escapar. Los trabajadores de prensa entendemos que al desconcentrarse los medios periodísticos debería ampliarse el mercado laboral, generando nuevos y genuinos puestos de trabajo. Nunca lo contrario. La “adecuación” de la las empresas periodísticas a la nueva realidad legal debe resolverse con la garantía absoluta de que no se perderá ningún puesto de trabajo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en superación al viejo paradigma de la radiocomunicación de la dictadura, propone un escenario plural y de multiplicidad de voces. Incorpora conceptos novedosos en relación a los actores posibles del mundo de la comunicación: Pueblos originarios, espacios y/o instituciones asociativas, que vienen a enriquecer el siempre trágico territorio de competencias salvajes que propone el variopinto empresariado argentino. La diversidad y los derechos humanos deberían constituirse en ejes centrales de este nuevo universo, preparándonos, como sociedad, para participar solidariamente desde un protagonismo democrático y popular de la sociedad del conocimiento. La superación de este modelo de manipulación de conciencias, de maximización de ganancias y de explotación capitalista salvaje tiene que ser reemplazado por más democracia económica, por mas puestos de trabajo, por una mejor y más equitativa distribución de la riqueza, allí deberíamos poner el esfuerzo colectivo y organizado de los trabajadores. Cuando los trabajadores de prensa somos testigos directos de una concepción de desapego explicito a la ley y las instituciones democráticas de las empresas periodísticas en especial el GRUPO CLARÍN, nos preocupa doblemente. En primer lugar porque sentimos el peso de la extorsión en relación a la vulnerabilidad de nuestros puestos de trabajo y la precarización absoluta de las condiciones en que ejercemos nuestra profesión de comunicadores sociales, de periodista; y en segundo lugar, porque estamos convencidos de que estas concepciones reproducen un modelo de sociedad profundamente autoritario, sectario y corporativo que empobrece la perspectiva democrática en la Argentina, para nosotros y para nuestro hijos. El autoritarismo es una práctica que sólo se supera con participación, solidaridad y ética tanto en las empresas en las que producimos como en nuestras propias familias. La afirmación que los directivos del GRUPO CLARÍN repiten a viva voz en el Canal de que para que “nos adecuemos tendrán que venir por nosotros”, o que la única posibilidad frente a la aplicación de la ley es una “salvajada solo practicable por la gendarmería (¿Militarmente nos preguntamos los trabajadores?)” resulta no solo temeraria, sino una convocatoria a la guerra que los trabajadores de prensa denunciamos. Las trincheras siempre se pueblan con los más vulnerables. Hace tiempo que los trabajadores de prensa venimos denunciado que Canal 13 y TN es un territorio empobrecido de legalidades democráticas, derechos constitucionales, derechos laborales y profesionales. Un estado paralelo con sus propias reglas, con sus propios “manuales de Inducción” y sus contratos de miedo. Los Convenios Colectivos de trabajo vigentes. El estatuto del Periodista Profesional en práctica. Una Ley de Ética Profesional que ponga freno al negocio descarado de la información interesada de los falsos periodistas y operadores de turno. La práctica legalizada de la Libertad de Conciencia de los trabajadores de prensa. La libertad de expresión de los trabajadores de prensa y no la libertad de empresa como sustento del negocio de las grandes corporaciones. La democratización del acceso y el uso de las nuevas tecnologías de la información. Son solo algunos aspectos que consideramos imprescindible a la hora de hablar de periodismo. La superación del viejo Estado administrando la fiesta de los privilegiados es una posibilidad histórica. El Estado Nacional debe y tiene la obligación de transformarse en garante de todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores. Desde la defensa de cada uno de los puesto de trabajo a la inclusión sin precariedad.

No hay libertad de expresión con trabajadores de prensa extorsionados por un puesto de trabajo.

No hay libertad de expresión con trabajadores de prensa amordazados por la precariedad laboral.