Trabajadores despedidos de Canal 13/TN marcharán hoy a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para pedir "la nulidad de la licitación" de la emisora, en una acción semejante a la denuncia ante la Sindicatura General de la Nación (25 de mayo 544), informó el ex delegado José Carbonelli. La movilización se concretrá a las 18 horas, precisaron los ex empleados.
"Se aportarán las pruebas que comprometen al ex presidente Carlos Menem y al Grupo Clarín, cuando éste le entregó irregularmente la estratégica emisora a ese monopolio mediático, ocultando la no inclusión en los pliegos licitatorios de la deuda millonaria que la empresa estatal Proartel/Rio de la Plata mantenía con LADEFFA S.A.", detalla el comunicado de los colegas.
Tras anunciar la privatización de la emisora "el ex presidente rechazó las órdenes judiciales" presentadas y se desconocieron "impunemente" los derechos que tenía el titular de la empresa, Reynaldo Defranco Fantín, quien fue víctima del Terrorismo de Estado "lo cual torna imprescriptible el reclamo".
Con la documentación que se presentará quedará probado que un Gobierno Civil fue cómplice del terrorismo de Estado al no restituir "derechos cercenados por la dictadura militar a la víctima mencionada, para favorecer impunemente al Grupo Clarín".
"Se aportarán las pruebas que comprometen al ex presidente Carlos Menem y al Grupo Clarín, cuando éste le entregó irregularmente la estratégica emisora a ese monopolio mediático, ocultando la no inclusión en los pliegos licitatorios de la deuda millonaria que la empresa estatal Proartel/Rio de la Plata mantenía con LADEFFA S.A.", detalla el comunicado de los colegas.
Tras anunciar la privatización de la emisora "el ex presidente rechazó las órdenes judiciales" presentadas y se desconocieron "impunemente" los derechos que tenía el titular de la empresa, Reynaldo Defranco Fantín, quien fue víctima del Terrorismo de Estado "lo cual torna imprescriptible el reclamo".
Con la documentación que se presentará quedará probado que un Gobierno Civil fue cómplice del terrorismo de Estado al no restituir "derechos cercenados por la dictadura militar a la víctima mencionada, para favorecer impunemente al Grupo Clarín".
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